Alrededor de 600 viviendas en peligro de ser derribadas por irregularidades en sus licencias urbanísticas en Cantabria

04.04.2018 | El Supremo reabre la amenaza del derribo de las casi 600 viviendas que presentaban irregularidades en sus licencias urbanísticas.

El pasado octubre de 2015, entró en vigor la obligación por ley (artículo 108.3 de la Ley Reguladora de lo Contencioso Administrativo) de indemnizar a los propietarios en sentencias de derribos de inmuebles antes de ejecutar los mismos.

Esta noticia fue un alivio para los casi 600 afectados cántabros que tenían órdenes de demolición por irregularidades en las licencias urbanísticas concedidas por los Ayuntamientos de al menos 5 municipios. Los propietarios de las viviendas vieron por aquel entonces, una garantía legislativa de ser compensados de forma previa al derribo de sus viviendas, y los Ayuntamientos, por su parte, ganaban tiempo para afrontar los pagos millonarios que suponían las indemnizaciones y los derribos.

Además, por otro lado, las administraciones pertinentes habían iniciado la modificación de los planeamientos urbanísticos para intentar legalizar las viviendas afectadas, lo cual, daba que pensar que las demoliciones se paralizarían durante bastante tiempo e incluso se retirarían.

Sin embargo, las dudas interpretativas a la hora de aplicar la Ley han derivado en un intercambio multitudinario de fallos y recursos judiciales. Ahora, el Tribunal Supremo se ha pronunciado al respecto y en su fallo establece que: aunque los afectados por órdenes de demolición deban ser indemnizados con todas las garantías, este derecho no debe seguir paralizando ninguna sentencia. Es decir, que podrán reanudarse los derribos si así lo estiman los jueces.

Afectados

Son casi 600 las viviendas afectadas por estas licencias urbanísticas con irregularidades, todas ellas repartidas por diversos municipios cántabros. Algunos de estos municipios son Argoños con 255 viviendas afectadas, Arnuero con 102, Piélagos con 93 y Escalante con 32, entre otros.

Esta fallo preocupa tanto a los propietarios con órdenes de demolición, como a las administraciones que de tener que hacer frente a las indemnizaciones y derribos pertinentes se enfrentarían a un gravísimo quebranto económico.

Fuente: “elcorreo.com”

Redactor: Equipo de prensa de Vélez dorado”

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