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12.01.2021 | Los propietarios de una vivienda, situada en suelo rústico en Soutomaior,  acumulan 44.000 euros en multas coercitivas por no ejecutar la orden de demolición que recae sobre la construcción. 

 

Un matrimonio, vecino de Soutomaior (Pontevedra), acumula multas coercitivas por valor de 44.000 euros impuestas por la Axencia de Protección de Legalidade Urbanística (APLU) por no ejecutar la orden de demolición que recae sobre su vivienda. 

La vivienda se construyó en 1998 sobre suelo rústico, posteriormente, en 2009 se realizó sin licencia una ampliación de la vivienda construyendo una tercera planta. Tras la denuncia de un vecino, la APLU lleva desde 2011 persiguiendo el derribo de la vivienda entera. 

El asunto se judicializó y los vecinos terminaron derribando la planta ampliada antes de la vista en primera instancia. Los Juzgados de lo Contencioso de Pontevedra confirmaron que solo se debía derribar la primera planta y como ya se había ejecutado dicha demolición archivaron el caso. 

A pesar de la victoria en primera instancia, la APLU recurrió ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que sin embargo, confirmó que la vivienda debía ser demolida íntegramente. 

Para dar cumplimiento a este derribo, la APLU, ha impuesto hasta el momento una primera multa de 1.000 euros, una segunda de 2.000, la tercera de 4.000 y las tres siguientes de 10.000 euros cada una. El objetivo de estas multas coercitivas es que los vecinos derriben la vivienda, si no lo hacen además de las multas impuestas podrán también ejecutar subsidiariamente la demolición cargando los gastos a los propietarios. 

Fuente: “lavozdegalicia.es”

Redactor: Equipo de prensa de Vélez Dorado. 

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