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Orden de Demolición28.11.2016 | La Guardia Civil investiga a un matrimonio de I´Alfàs del Pi por falsificación de documentos, con la supuesta finalidad de ocultar una Orden de Demolición que recae sobre una vivienda que intentaban vender.

La vivienda de 500 metros cuadrados puesta a la venta en 30 millones de euros, tiene una orden de demolición del TSJ por haberse construido sin licencia y hallarse en suelo no urbanizable de especial protección, en concreto, en el parque natural de la Serra Gelada, en un acantilado al borde del mar.

La finca, conocida como Amerador, se construyó antes de que  la Serra de Gelada fuera protegida, pero el Ayuntamiento de I´Alfàs del Pi denegó en 2007 que se ampliará con una vivienda de unos 50 metros cuadrados, a pesar de lo cual los propietarios siguieron adelante. En enero del 2015 el TSJ ordenó la demolición de la nueva obra al ser legalizable.

A los imputados se les acusa de un supuesto delito de falsedad documental y alzamiento de bienes, pues trataban de facilitar la venta sin cargas de dicha propiedad  pese a existir una orden de demolición parcial.

La Guardia Civil de Alicante ha llevado a cabo una detallada investigación sobre los acusados por haber realizado actos de disposición patrimonial y de descapitalización de una mercantil y de su propio patrimonio, con el propósito de impedir diversos embargos con valor de 300.000 euros, iniciados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Uno de los acusados llegó a realizar manifestaciones en escritura notarial contrarias a lo dictado en sentencia judicial, valiéndose de ello mediante un certificado del Ayuntamiento que corresponde a otra infracción, para elaborar un protocolo notarial de solicitud de cancelación de infracción urbanística. Llegó incluso a personarse en el Registro de la Propiedad y cancelar la anotación de infracción urbanística existente en el mismo, valiéndose de este documento.

Los investigadores han podido corroborar tras una exhaustiva investigación que la finalidad de cancelar la anotación de infracción urbanística era la de vender la vivienda sin carga alguna, por un valor de 30 millones de euros. Las numerosas diligencias policiales de esta investigación ya han sido entregadas en el Juzgado de Benidorm.

Fuente: “Diarioinformacion”

Redactor: Equipo de prensa de Vélez Dorado.

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