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29.01.2018 | La vivienda sobre la que pesa la orden de demolición se construyó sobre suelo no urbanizable de especial protección, y fue vendida por su propietaria hace 7 años.

 

La expropietaria de la vivienda se enfrenta a pena de cárcel por no demoler una vivienda que construyó sobre suelo protegido. El problema es que el inmueble ya no es de su propiedad, puesto que, lo vendió en el año 2001.

Los hechos se remontan a 2007, cuando la acusada compró una parcela en la finca Santa Águeda, en Campanillas, Málaga, y procedió a la instalación de una caseta prefabricada. Al ser el suelo no urbanizable de especial protección, el Ayuntamiento de Málaga dictó la orden de demolición de la caseta en 2009.

La propietaria vendió la parcela en el 2010 haciendo la advertencia a su comprador del estado urbanístico de la parcela.

Sin embargo, en 2003 la expropietaria había acumulado ya 12 multas de la Gerencia de Urbanismo por incumplir la orden de demolición, pese a que ya no era la dueña del inmueble. Para intentar subsanar esta situación, presentó ante la Gerencia de Urbanismo un recurso de revisión y consiguió que le anularan las multas, ya que no era la propietaria.

Tras unos años llenos de litigios, cuando pensaba que ya se había zanjado esta situación al haberse redirigido el expediente de restauración de la legalidad urbanística contra los actuales propietarios, en 2016 un Juzgado de lo Penal dispuso su entrada en prisión en febrero de 2018 si no se ejecutaba la orden de demolición.

Ahora, su defensa intenta por todos los medios impedir su entrada en prisión, ya que, se encuentra ante la imposibilidad legal de cumplir la orden de demolición, puesto que la vivienda ya no es de su propiedad.

Fuente: “Malaga Hoy”.

Redactor: Equipo de Prensa de Vélez Dorado.

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