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Denunciar orbas ilegalesCualquier ciudadano está legitimado para denunciar obras ilegales.

Esto se debe a que, en materia urbanística se reconoce la acción pública a todos los ciudadanos sin necesidad, de añadir la titularidad de ningún interés legitimador. Acción que se extiende tanto a la vía administrativa como a la jurisdiccional.

Así lo reconoce la sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo Tribunal Supremo de fecha 12.09.2012, que ha declarado taxativamente que cualquier persona, tenga o no la condición de interesado, tiene legitimación para denunciar obras ilegales.

Resumen del caso:

Esta sentencia se dicta a raíz de un vecino murciano que denuncia unas obras que él considera ilegales. Una vez denuncia, se abre un procedimiento de disciplina urbanística contra el responsable de las obras pero, finalmente, queda en nada y el asunto se archiva. Este ciudadano decide recurrir ese archivo y llevar todo el expediente a la justicia, demandando a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Ésta se limita a contestar que este ciudadano “no estaba legitimado para perseguir estas obras, porque no tenía ningún interés legítimo”. Tras años de lucha, el Tribunal Supremo le reconoce -no a él- si no todos los ciudadanos, la legitimidad para denunciar y perseguir obras judiciales tanto en vía administrativa como judicial.

Estudio de la sentencia:

  • En el año 2005, Don Maximino interpuso recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por haber desestimado ésta un recurso administrativo presentado por Don Maximino contra una Resolución de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo en la que, a su vez, se acordaba la finalización y el archivo de un expediente sancionador a un tercero, sobre materia de disciplina urbanística. En definitiva, venía a demandar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por haber acordado finalizar un expediente sancionador. (que más tarde el Tribunal Supremo explica que no se trata de un expediente sancionador, sino de un expediente de disciplina urbanística y, más concretamente de un expediente de restauración de la legalidad urbanística; cuestión muy importante esta).
  • Sin embargo, una vez tramitado todo el procedimiento ante el TSJM, y en el trámite de conclusiones, la Administración adujo que el recurso debía ser inadmitido, porque el recurrente (osea, Don Maximino) no estaba legitimado porque no era parte interesada.
  • En 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia acogió este motivo y efectivamente, dictó sentencia por la cual declaraba inadmisible el recurso contencioso administrativo.
  • En 2010, Don Maximino formuló Recurso de Casación ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
  • En 2012, el Tribunal Supremo dictó sentencia en la cual se le daba la razón a Don Máximo, se anulaba la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, y se ordena  la reposición de las actuaciones al momento anterior al de dictar sentencia para que por Sala de instancia (TSJM) resolviera lo que procediese.
  • Como hemos visto en el punto 2, mientras se estaba sustanciando el proceso judicial en el seno del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, y en el trámite de conclusiones (es decir, al final del proceso cuando el recurrente no puede contestar a la Administración), la Administración (en este caso era la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia), alegó que el recurso planteado por Don Maximino debía inadmitirse por no ser parte interesada alguna en el expediente de disciplina urbanística en cuestión.
  • Esta alegación realizada en el plazo de conclusiones fue determinante para que el Tribunal resolviera en contra de Don Maximino, y así lo  alegó en el fundamento de Derecho 5º de la sentencia:

<< (…) la acción pública en materia de protección de la legalidad urbanística, cubre sólo el intento de obtener la declaración de nulidad del acto ilegal; ello supone que, para ejercitar pretensiones de plena jurisdicción, es decir, de restablecimiento de las situaciones jurídicas individualizadas que el acto impugnado haya podido alterar, sigue siendo precisa la titularidad de un derecho, de acuerdo con las normas generales que en materia de legitimación establece la Ley de la Jurisdicción.

Pues bien, si leemos la denuncia interpuesta en su día por el Sr. Maximo , simplemente se limita a poner en conocimiento de la Administración unos hechos, a saber, que se puede estar vulnerando el número de plantas y la altura máxima de edificación.

No se nos da el mínimo dato que ponga de manifiesto cuál es el interés que tiene el recurrente en el asunto, ni qué beneficio concreto puede obtener del hecho de que el expediente sancionador no se archive. Simplemente pone de manifiesto una posible vulneración de la normativa urbanística, pero ignoramos cómo le afecta a él la cuestión de forma directa, para tener legitimación en lo que es un expediente sancionador. En efecto, no se trata de que impugne un instrumento de planeamiento, sino que impugna el archivo de un expediente sancionador, sin acreditar cómo se beneficia él con la posible sanción.

Conforme a lo expuesto, nos lleva a entender que carece de legitimación para impugnar ese archivo, por lo que el recurso es inadmisible, conforme al Art. 69.b), de la L.J.C.A . >> SEGUNDO .- El escrito de interposición del recurso de casación

  • Don Maximino, ante esta argumentación, en su escrito de interposición de casación desarrolla dos motivos de impugnación:
  1. Indefensión. En el primer motivo aduce Don Maximino que la causa de inadmisión apreciada en su sentencia por el Tribunal a quo no había sido puesta de manifiesto en el momento procesal oportuno por ninguna de las partes, pues fue en sus conclusiones cuando la Administración demandada apuntó por primera vez la posible concurrencia de esa causa de inadmisión, quedando la parte actora desprovista de cualquier oportunidad de rebatir tal alegación, dado que la Sala no actuó como exige el artículo 65.2 de la Ley de la Jurisdicción.
  2. Legitimación indudable. En el segundo motivo Don Maximino alude que su legitimación es indudable de acuerdo con los artículos 18 y 19.1.a) LJCA, dada su condición de propietaria de una parcela colindante con la finca en que se han levantado las construcciones litigiosas. Considera, por ello, que en ningún caso cabe aplicarle la causa de inadmisibilidad por falta de legitimación contemplada en el artículo 69.b) de la misma Ley; a lo que añade que en todo caso cabe sostener esa legitimación en aplicación de la acción pública en materia urbanística, legal y jurisprudencialmente reconocida.
  • El Tribunal Supremo respecto a estos dos motivos establece en la Sentencia los siguiente:
  1. Respecto a la indefensión: “El motivo debe ser estimado.” “Según resulta de lo actuado en la instancia, la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, demandada, que nada había opuesto en la vía administrativa sobre una hipotética falta de legitimación del recurrente, tampoco opuso nada en su contestación desde esta perspectiva (…) Tal forma de proceder del Tribunal de instancia resulta contraria a lo dispuesto concordadamente en los artículos 33.2 y 65.2 LRJCA , y dejó a la parte recurrente en una clara situación de indefensión contraria al artículo 24 de la Constitución (…) el Tribunal de instancia no respetó el principio de contradicción al no someter a la consideración de la parte recurrente la causa de inadmisibilidad denunciada por la Administración autonómica en su escrito de conclusiones, dejando a esta parte en una evidente situación de indefensión.”
  2. Respecto a la Legitimación indudable: “la legitimación de la parte recurrente es incuestionable”, por 4 razones fundamentales:

1- Porque la propia Administración reconoció sin ambages la legitimación del recurrente en vía administrativa, por lo que no podía posteriormente cuestionarla en sede judicial.

2- Porque la legitimación del recurrente en este caso, ex art. 19.1.a) de la Ley de la Jurisdicción ,no puede discutirse seriamente si se tiene en cuenta su condición de propietario de la finca colindante a las parcelas en que se han ubicado las edificaciones denunciadas por su presunta incompatibilidad con la ordenación urbanística de aplicación (en cuanto al requisito de altura máxima). Desde esta perspectiva, la afección del objeto del procedimiento sobre la esfera de derechos e intereses personales y patrimoniales del denunciante y ahora recurrente es clara y de ahí surge su legitimación.

3- Porque aun en el supuesto de que fuera dudosa  la concurrencia de ese interés para legitimar la acción respecto de los terrenos hay que tener en cuenta que en el ámbito sectorial en que nos encontramos, el urbanismo, se reconoce la acción pública a todos los ciudadanos sin necesidad, por tanto, de añadir la titularidad de ningún interés legitimador. Acción que se extiende tanto a la vía administrativa como a la jurisdiccional.

4- Porque en todo caso, como hemos puntualizado en reciente sentencia de esta Sala y Sección de 21 de marzo de 2012 (recurso de casación nº 5651/2008 ), la posición legitimadora de la recurrente se proyecta sobre la relación jurídico-procesal que debe ser considerada como una e indivisible . Por ello, cuando se esgrime una diversidad de motivos para justificar el interés legitimador basta acreditar uno sólo para que quede superado el obstáculo de la inadmisibilidad, tras lo que se debe entrar en el examen total de la cuestión de fondo planteada.

  • El Tribunal Supremo, con sólo haber estimado el primero de los motivos (el de la indefensión), ya habría tenido bastante como para anular la Sentencia y para ordenar la retroacción de actuaciones al momento anterior a dictar sentencia, para que la Sala de instancia someta a la consideración de las partes el argumento introducido ex novo por la Administración recurrida en su escrito de conclusiones y acogido por la Sentencia que ahora se anula, y resuelva luego en consecuencia; sin embargo, como el segundo motivo de casación (el de la legitimidad) volvería a ser discutido en el TSJM, y el Tribunal Supremo ya contaba con todos los datos, entré a valorarlo también.  Bien hecho por parte del Supremo que ante el seguro recurso de casación que vendría, entra a aclarar la situación. Así expresa el Supremo su decisión:

“(…)como quiera que en el segundo motivo de casación se plantea precisamente la cuestión referida a la discutida legitimación procesal del recurrente y la consiguiente concurrencia de la causa de inadmisión del art. 69.b) LRJCA , y es esta una cuestión puramente jurídica para cuya apreciación ya contamos con todos los datos necesarios en el expediente y en las actuaciones de instancia, carecería de sentido, por exigencias elementales de economía procesal, que nos limitáramos a ordenar una retroacción de actuaciones que bien podría dar lugar a una repetición de la sentencia de instancia en los mismos términos y a una subsiguiente reiteración de este recurso de casación, cuando en esta sentencia podemos entrar de una vez por todas al examen de dicha cuestión, dejándola así definitivamente despejada y reparando de este modo en nuestra sentencia la indefensión que denuncia la parte recurrente sin introducir una demora innecesaria en el proceso”

Fallo de la Sentencia

  • Ha lugar al recurso de casación interpuesto por Don Máximo, contra la sentencia de la Sala de lo contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Sección 1ª) de 24 de Julio de 2009, dictada en autos del recurso contencioso administrativo nº 90/2005 ; que ahora queda anulada y sin efecto.
  • Ordenamos la reposición de las actuaciones al momento anterior al de dictar sentencia para que por Sala de instancia se resuelva lo que proceda, en los términos de esta sentencia.

Es decir, la sentencia del Supremo, obliga al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, a entrar a dilucidar acerca de la cuestión de fondo urbanística, porque ya no le sirven los argumentos para la inadmisión del recurso.

Conclusiones

En materia urbanística, se reconoce la acción pública a todos los ciudadanos sin necesidad, por tanto, de añadir la titularidad de ningún interés legitimador. Acción que se extiende tanto a la vía administrativa como a la jurisdiccional. Por tanto, cualquier ciudadano está legitimado para denunciar obras ilegales.

Sentencia de la Sala de lo contenciosos-administrativo Tribunal Supremo de fecha 12.09.2012

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Póngase en contacto con nosotros sin compromiso.

Redactor: Equipo de Vélez Dorado. Área de Urbanismo.


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