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¿Se debe recurrir orden de demolición ante el Ayuntamiento o es mejor acudir directamente al Juzgado Contencioso Administrativo?

por | Abr 2, 2024 | 0 Comentarios

Esta pregunta es muy frecuente en muchos de nuestros Clientes cuando reciben una orden de demolición y se debaten entre presentar recurso de reposición, o acudir directamente a los Juzgados de lo Contencioso Administrativo a recurrir orden de demolición.

Respuesta corta

Depende (la favorita de los abogados)

Respuesta larga

En primer lugar, hemos de aclarar que nos estamos refiriendo a si merece la pena recurrir ante el Ayuntamiento; es decir, presentar un recurso ante el mismo Ayuntamiento que ha dictado una orden de demolición. No nos estamos refiriendo a si sirve de algo recurrir ante los Tribunales contra el Ayuntamiento. 

Y en segundo lugar, estamos partiendo de la base del hecho de que consideremos que nos asiste la razón; obviamente, si desde un primer momento conocemos que no nos asiste la razón, la pregunta se responde sola: no, no merece la pena…(o sí, hay veces que ganar tiempo es más importante que llevar razón, pero este asunto lo dejaremos para otra publicación). Y ojo, cuando decimos que que nos asiste la razón no nos estamos refiriendo solamente a que nuestra obra sea legal; puede que nuestra obra sea totalmente ilegal y, sin embargo, tengamos razón y que esa orden de demolición sea más ilegal que la propia obra.

Hechas estas aclaraciones, desde nuestro punto de vista, la realidad es que, aunque tengamos razón, rara vez la administración va a darle la razón al ciudadano. Muy evidente ha de ser el error de la administración para que esta nos otorgue la razón. Esto es algo lamentable, pero más que frecuente.

En muchas ocasiones es cierto que existe dos posturas (la del ciudadano y la de la administración), que son, en principio, válidas y, por tanto, es obvio que el Ayuntamiento va a mantenerse en su postura por mucho razonamiento lógico-jurídico o fáctico que le planteemos; pero es cierto también que en otras muchas ocasiones (muchísimas), por muy obvio que sea que le asiste la razón al ciudadano, el Ayuntamiento no da su brazo a torcer, obligando al ciudadano a acudir a los tribunales de justicia.

Siendo así las cosas, lo cierto y verdad es que en muchas ocasiones no merece la pena perder el tiempo presentando recursos ante un Ayuntamiento que, de antemano, se sabe que no va a darnos la razón y, lo mejor, es acudir directamente a la interposición del correspondiente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado para que sea un juez independiente (porque la administración no lo es), quien dirima todo el asunto, y así ahorrarnos el coste del recurso en vía administrativa y, sobre todo, leer la cantidad de sandeces que muchas veces alegan los Ayuntamientos con tal de no darle la razón al ciudadano.

Sin embargo, en otras ocasiones, sí que merece la pena recurrir ante el propio Ayuntamiento a sabiendas de que no va a darnos la razón y luego, una vez desestimado el correspondiente recurso, acudir a la vía judicial. Esto puede ser muy útil cuando, por ejemplo, se recurre una orden de demolición sobre una obra sobre la que aún no ha transcurrido el plazo de prescripción de la misma (plazo de caducidad de la acción de restauración de la legalidad urbanística). ¿Por qué? Pongamos un ejemplo muy sencillo:

Ejemplo: Obra ejecutada en 2020, con orden de demolición dictada en 2022

Supongamos que nos encontramos en la Comunidad de Madrid, donde el plazo de prescripción de una obra es de cuatro años. Y supongamos que la obra quedó finalizada en enero de 2020; y que en enero de 2022 el Ayuntamiento dictó una orden de demolición (la cual, por supuesto, entendemos que si vamos a juicio la podemos anular). Y supongamos que en marzo de 2022 (dos meses de plazo para interponer recurso contencioso administrativo), tras esa orden de demolición, acudimos directamente al Juzgado para recurrirla en lugar de haber interpuesto un recurso de reposición contra el Ayuntamiento. Ahora supongamos que ese procedimiento judicial dura un año y medio, y que el Juzgado nos da la razón y que se anula la orden de demolición.

Nos encontraríamos con que, en septiembre de 2023 esa vivienda ya no tendría orden de demolición alguna. Ahora bien, ¿han transcurrido los cuatro años desde que se finalizó la obra? No. De hecho, le quedarían 3 meses para que tuviese cuatro años.  Y como no han transcurrido cuatro años, ¿qué puede hacer el Ayuntamiento? Iniciar un nuevo procedimiento y dictar una nueva orden de demolición. Conclusión: obra en peligro de ser demolida

Sin embargo, volvamos al mismo ejemplo: supongamos que se dicta la orden de demolición en enero de 2022, y que antes de acudir al Juzgado, presentamos un recurso ante el Ayuntamiento en febrero de 2022 (un mes de plazo para presentar recurso ante el Ayuntamiento), y supongamos que ese recurso lo resuelve el Ayuntamiento, siendo generosos, 3 meses después desestimándolo y confirmando la orden de demolición. Ya nos encontramos en mayo de 2023. Y ahora, después de eso, es cuando recurrimos al Juzgado (a los dos meses desde que nos notifican la desestimación del recurso). Ya estamos en julio de 2023. Y ahora, vamos a sumarle el año y medio que puede durar un procedimiento contencioso administrativo, y que el juez nos da la razón.

En ese caso, nos hallaríamos en febrero de 2024 sin ninguna orden de demolición. ¿Y qué ocurre en febrero de 2024? Que la obra ya sí tendría una antigüedad superior a los cuatro años y si el Ayuntamiento inicia un nuevo procedimiento contra la misma, nosotros ya podremos alegar la prescripción de esa obra. Conclusión: obra salvada de ser demolida. 

Como este, existen decenas de ejemplos que podríamos explicar donde sí merece la pena interponer recurso ante el Ayuntamiento; pero también existen otros muchos ejemplos donde no solo no vale la pena interponer recurso ante el Ayuntamiento, sino que, hacerlos, puede ser incluso mucho más perjudicial que no hacerlo, hasta el punto de poder cargarnos un procedimiento que estaba ganado en vía judicial, por presentar un recurso en vía administrativa.

Consejo

En definitiva, hay veces que sí merece la pena y otras en las que no recurrir orden de demolición ante el Ayuntamiento en lugar de acudir directamente al Juzgado . Decidir esta cuestión está en manos, lógicamente, del interesado, pero en la mayoría de ocasiones en interesado no tiene demasiados conocimientos jurídicos y su decisión no está basada en criterios bien fundamentados.

Por ello, la recomendación más evidente es que, ante cualquier sanción, multa coercitiva, orden de demolición, etc., no se deje asesorar por el vecino, el cuñado, o el amigo. Mejor, asesórese por abogados expertos; entre otras cosas, porque a fin de cuentas, quién puede acabar pagando los platos rotos de una mala decisión no va a ser ni su amigo, ni su vecino, ni cuñado, sino usted.

Si necesita cualquier aclaración, o tiene cualquier duda puede ponerse en contacto con nosotros a través de las siguientes vías: 

Teléfono: 911 01 37 11

Correo electrónico: info@velezdorado.com

 

 

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