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Asistencia urbanística integral ante multa coerctiva y revisión de oficio de Orden de Demolición en Extremadura

Municipio: – 

Provincia: Cáceres

Categoría del servicio: Urbanismo, Disciplina Urbanística.

Tipos de inmuebles: chalet

Legislación aplicable: Normativa urbanística de Extremadura

Datos urbanísticos:

  • Ámbito de ordenación: SNUP N7
  • Protegido: 
  • Clasificación: Protección Natural Paisajística.Plan General Municipal
  • Categoría homogeneizada LSOTEXSuelo no urbanizable de protección ambiental, natural, paisajística, cultural o de entorno.
  • Figura: Plan General Municipal DOE 30.07.2015

Análisis material:

  • La vivienda posee orden de demolición, y primera multa coercitiva. Le sucederán nueve multas coercitivas más y cuando el Ayuntamiento haya recabo todo el importe, procederá a demoler la vivienda. 
  • A día de hoy la única manera que existiría de paralizar todo este proceso sería la de anular la orden de demolición. Existe base jurídica suficiente para hacerlo de conformidad con el análisis realizado. 
  • Ahora bien, si la vivienda se encontrase terminada desde hace más de cuatro años, una vez anulada la orden de demolición la vivienda ya no podría ser perseguida, habida cuenta de que habría prescrito. Sin embargo, en el presente caso la vivienda no está terminada, por lo que el Ayuntamiento podría iniciar un nuevo procedimiento contra la vivienda. 
  • Dicho lo cual, el objetivo principal sería anular la orden de demolición, para anular todas la multas existentes y las que pueda venir y paralizar cualquier demolición para que, una vez se encuentre aprobada la regularización de las viviendas, se pueda obtener la licencia y terminar la vivienda que quedaría finalizada.
  • Así pues, entendemos que existe viabilidad para que que la orden de demolición pueda ser anulada, pero se debe hacer la previsión que al no estar terminada la vivienda, el Ayuntamiento podría empezar de nuevo un procedimiento. No obstante, si no se anula la orden de demolición existente, la vivienda podrías ser derriba, las multas podrían seguir llegando, y si el Ayuntamiento demoliese la vivienda, además, podría exigir el coste de la demolición.

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