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orden de demolición25.01.2017 | El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó el pasado 13 de enero a España por no notificar a los propietarios de una vivienda la orden de demolición que recae sobre la misma.

Los propietarios, vecinos de la localidad de Sanxenxo (Pontevedra), registraron la vivienda en el año 2001 y pagaban rigurosamente su impuesto de bienes inmuebles desde el 2002. La orden de demolición se encuentra paralizada en este momento y, según el cambio que se hizo en la normativa urbanística de Sanxenxo en el año 2013, existe la posibilidad de poder regularizar la vivienda.

El proceso judicial comenzó con la denuncia de un vecino al Ayuntamiento que aseguraba que las obras eran ilegales. Debido al silencio administrativo, este vecino presentó un recurso, del que sólo se informó al promotor de la vivienda, nunca a los propietarios.

En 2004 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pontevedra anuló el permiso de construcción de la vivienda. El Ayuntamiento y el promotor de la vivienda recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el cual, falló a favor al vecino y ordenó la demolición de la vivienda en 2007.

El Ayuntamiento notificó a los propietarios en 2009 la sentencia de 2007, donde se dictaba la orden de demolición. En ese momento fue cuando los propietarios solicitan la nulidad del procedimiento por desconocimiento del mismo.

Al no poderse probar que el Juzgado sabía de la existencia de los vecinos, el Tribunal Supremo de Justicia de Galicia rechaza la solicitud de nulidad del procedimiento.

Los propietarios interponen un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que también les fue rechazado en 2010.

Después de varios años litigando con la justicia, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha sentenciado que la identidad de los propietarios era accesible para la Administración, y afirma que la paralización de la orden de demolición no es suficiente para reparar el daño provocado a los propietarios durante este proceso judicial.

España deberá indemnizar a los propietarios de la vivienda con 1000 euros a cada uno, y correr con los gastos de impuestos y honorarios valorados en 33.446,66 euros.

Fuente: “Cadena Ser”

Redactor: Equipo de Prensa de Vélez Dorado.

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