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Análisis material y procesal de un caso de una Vía de Hecho de la Junta de Andalucía por demoler nueve chalets en Almería.

 

ANÁLISIS

Categoría de Servicio Vía de Hecho y Responsabilidad Patrimonial
Pretensión
  • Posible responsabilidad patrimonial.
  • Reconocimiento de actuación ilegal de la Junta de Andalucía

Tras varias semanas estudiando toda la documentación recibida, la conclusión a la que llegamos es que el caso se divide en dos: El primer caso es la posible responsabilidad patrimonial en la que hubiera incurrido la Junta de Andalucía por las demoliciones y el segundo caso, y más importante, es la cantidad presupuestada por las obras de demolición y coste de proyectos que van a ser reclamadas a usted y a su esposa.

* Análisis material

Análisis de la Responsabilidad Patrimonial:

En primer lugar habría que establecer quién se supone que tendría derecho a ser indemnizado. En este caso observamos que sólo sería el señor XXX, ya que parece ser el único que no ha sido notificado, ni parte, en todo el procedimiento y, además, la única construcción que podríamos determinar que se trataba de un domicilio y que, por tanto, se requirió autorización judicial de entrada a domicilio dictada por un Juzgado de lo Contencioso Administrativo.

En el caso del señor XXX podríamos entrar en solicitar una responsabilidad patrimonial, aunque se necesitaría acreditar el coste de la vivienda, de los enseres existentes en su interior, y de los daños sufridos. Esto supone la intervención de informes periciales que, además del coste del despacho, incluiría el coste de diversos peritos forenses.

En su caso y en el de su esposa, entendemos que sería infructuoso y muy costoso entrar en un procedimiento de responsabilidad patrimonial, por varios motivos:

  • Porque las obras realizadas y las parcelaciones realizadas son ilegales (es cierto que el Ayuntamiento alega que sí pudieran haber sido legalizables, pero no consta que se haya solicitado la legalización siquiera, cuestión que si el Ayuntamiento le estaba asesorando, debería de haberle recomendado).
  • Porque según parece, sí que fue notificada la Orden de Demolición vía edictal con fecha XXX en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de XXX  (esto último lo hemos sabido tras la última documentación enviada por usted y que recibió con fecha 26.09.2015 , ya que con anterioridad a esto no teníamos constancia; y es extraño que el Ayuntamiento no lo supiese si usted le reenviaba todo lo recibido.
  • Porque no se puede acreditar que las 8 viviendas sean domicilio, al no constar nadie empadronado en las mismas, ni estar las mismas en disposición alguna de poder considerarse viviendas acabadas.
  • Por último, porque aunque no se hubiese notificado demolición, la Junta alegaría que, aún así, las obras y la parcelación eran contrarias a la ordenación urbanística y, por tanto, usted no puede salir, además de que las obras eran ilegales, beneficiado de su actuación ilegal.

En definitiva, sí, puede que algún despacho de abogados le recomiende meterse en un procedimiento de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento, pero desde esta empresa no lo recomendamos porque la viabilidad es demasiado baja, y el coste sería bastante alto para usted.

* Análisis del coste de las obras de demolición que serán solicitados a usted y su esposa.

En este punto, la cuestión se vuelve un poco más positiva, aunque como le comentamos, nos encontramos en un estado muy avanzado del expediente y esta empresa no asegura ningún éxito.

El procedimiento se ha seguido contra usted y su esposa por dos razones: el primero porque usted declaró que su mujer era la propietaria de los terrenos, y porque consta catastralmente como titular de los terrenos (no estamos valorando, estamos siendo objetivos). Y contra usted, porque usted aseguró tener un contrato privado con un promotor. Por estos motivos, el procedimiento siempre se ha dirigido contra usted y contra su mujer.

Ahora bien, entrando a valorar esto, debemos aseverar lo siguiente: usted sí es cierto que es parte del procedimiento como promotor (al tener un contrato firmado con un tercero), pero su mujer sólo es titular catastral, y no existe siquiera información registral sobre ella, además, no podemos olvidar que existe una tercera persona, y ésta es el promotor de las obras y, por tanto, en cualquier caso, la responsabilidad de abonar el coste de la demolición corresponde también a ésta persona.

Los costes que le van a solicitar van a ser dos:

  1. Coste de redacción del proyecto de demolición y del estudio básico de seguridad y salud correspondiente: 1.179,50 €.
  2. Coste de la demolición por un total de 55.607,92 €.

Respecto al coste de redacción del proyecto de demolición, ésto le fue notificado a usted en torno a junio/agosto de 2016, y pudo ser recurrido, pero no nos consta que esto se haya hecho y ya, el plazo se ha agotado.

Respecto al coste de la demolición, aún no se lo han notificado, pero prevemos que en breve le notificarán la resolución de la liquidación, y volverá a tener un plazo de dos meses para recurrirla.

¿Qué es lo que ha hecho el Ayuntamiento?

Lo cierto es que, en su nombre y de su esposa, no ha hecho prácticamente nada, ya que todo lo que ha recurrido lo ha hecho en nombre del Ayuntamiento.

Actualmente el Ayuntamiento tiene un contencioso administrativo contra la Junta de Andalucía donde lo que se recurre es:

  • La orden de paralización de obras que se dictó en su día.
  • La última notificación recibida en la que se comunicaba que la demolición se llevaría a cabo el día 12.12.2016.

Lo cierto es que a sus efectos, esto poco importa, ya que respecto a la orden de paralización, ya no importa porque las construcciones están demolidas y, respecto al segundo, el Ayuntamiento está recurriendo en nombre del Ayuntamiento, y no de usted ni de su esposa.

¿Qué podemos hacer ante esta situación?

Como ya le adelantamos al inicio, lo fundamental (llegado a este punto) es acreditar alguna de estas cosas:

  1. Que a su mujer no le corresponde acarrear con ningún gasto.
  2. Que a usted no le corresponde acarrear con ningún gasto, si no que ésto le corresponde al Ayuntamiento.
  3. Que si acaso, a usted le correspondería abonar la mitad de los costes, ya que no ha sido el único promotor.
  4. La más importante: acreditar que la demolición se ha realizado al margen del procedimiento establecido (prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido) y que la actuación ha sido ilegal.

Para esto sería necesario poder acreditar que existe un contrato con el señor Juan Bas, y también, necesitaríamos acreditar que se cedieron estos terrenos al Ayuntamiento. Sólo de alguna de estas maneras podríamos intentar que el coste se redujese o, directamente, que desapareciera la obligación de acarrear con estos pagos.

En relación al punto 4, esto se acreditaría por la falta de notificación de una resolución en la que se le diera plazo para alegar sobre la demolición, la falta de una autorización judicial de entrada a domicilio, etc.

También, por supuesto, cabría que, a lo largo del procedimiento judicial, descubramos algún error de la Junta de Andalucía y poder anular todo el expediente.

* Análisis procesal

¿Qué pasos procesales hay que dar?

La única vía que entendemos que a estas alturas es posible accionar es la de demandar a la Junta de Andalucía por haber incurrido en la llamada “vía de hecho”, es decir, haber procedido con la demolición al margen del procedimiento establecido. Si esto lo declara así un juez, la liquidación por los 56.000 €, podría ser nula y, de este modo, no tendrían que acarrear con ese gasto.

El plazo que nos da la Ley para proceder, es de 20 días hábiles desde que se produce el daño, en este caso, el día fue el 12 de diciembre y el plazo caduca el próximo día 12 de enero. Por tanto, si se quisiera actuar, habría que hacerlo antes de este día.

Por nuestra parte, no hemos podido llegar a esta conclusión hasta el día de ayer ya que, hasta ayer no fuimos conocedores de que la Orden de Demolición sí estaba notificada aunque fuera mediante edicto (solicitamos toda la información al señor Berbel, pero de entre toda la documentación que nos envió no consta esa información que usted nos facilitó ayer ). Por ello, el análisis ha cambiado radicalmente y el plazo que tenemos para actuar, ahora, es bastante menor.  

Como le decimos, entendemos que es lo único que podemos hacer a estas alturas, y también entendemos que las probabilidades de éxito no son altas, pero que, si no se actúa, dejaremos firme la actuación de la Junta (otra más de las que se han dejado escapar), y perderemos una oportunidad de atacar a la Junta y defendernos de su voracidad.

Por último, comentarle que si conseguimos que un Juez declara la actuación de la Junta de Andalucía improcedente, tendríamos mayor apoyatura para, llegado el caso, solicitar una responsabilidad patrimonial si no para usted, para el señor XXX. Por eso creemos que no sólo debería actuar usted, sino también, el señor XXX. 

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