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La problemática urbanística de la Sierra de Santa Bárbara.

Por la mayoría de placentinos es sabido el auténtico problema que existe en relación a una serie de viviendas que se encuentran en la Sierra de Santa Bárbara y que, desde hace años, trae por la calle de la amargura al Ayuntamiento de Plasencia y a sus vecinos.

Muchas de estas viviendas fueron construidas hace más de una década, y el Ayuntamiento inició una serie de procedimientos contra ellas que acabaron con una serie de órdenes de demolición en algunos casos y en otros casos, los procedimientos caducaron y nunca más se supo de ellos.

No se puede negar la realidad,  y esta es es que a día de hoy existe un núcleo de población muy importante en la Sierra de Santa Bárbara (mucho mayor que el de otras zonas que se encuentran en fase de regularización) y que son muchos los placentinos que tienen allí sus viviendas.

Afirmar que estas construcciones nunca han sido perseguidas por el Ayuntamiento es del todo falso.

Con independencia de las razones por las cuales no se permiten ciertos usos de vivienda en la Sierra de Santa Bárbara (cosa que es incomprensible a la vista de las sorprendentes modificaciones que repentinamente el PGM de Plasencia sufrió en algunas zonas), lo innegable es que el asunto ha estado siempre presente para todos los gobiernos que ha tenido el Ayuntamiento de Plasencia. Afirmar que estas construcciones nunca han sido perseguidas por el Ayuntamiento es del todo falso, lo único que ocurre es que todo procedimiento requiere de una serie de pasos procesales complejos y largos (sin olvidarnos del coste que tiene), y es absolutamente lógico que este asunto no se haya resuelto de la noche a la mañana por la trascendencia personal que tendrían las demoliciones para tantas familias que residen en esta zona.

El Ayuntamiento de Plasencia debe actuar sin miedo a la Fiscalía.

Lo que no resulta lógico es que ahora, el Ayuntamiento actúe de manera atropellada por miedo. Un miedo fundado en la posibilidad de que se acabe enjuiciando a ciertos miembros del anterior Gobierno socialista de Plasencia, por supuesta prevaricación urbanística y que, de paso, le acabe salpicando al actual Gobierno popular. No resulta lógico esto porque lo único que está demostrando el actual Gobierno es que desconocen en profundidad cómo funcionan los procedimientos de disciplina urbanística ( en los cuales está permitido ejecutar una orden de demolición en 15 años) y, al final, como sigan actuando de esta forma atropellada, quienes van a resultar perjudicados serán todos los placentinos, porque por supuesto que los vecinos a quienes les derriben sus viviendas actuarán contra el Ayuntamiento, y ya se verá si, de nuevo, no tiene que acabar pagando la fiesta el Ayuntamiento por responsabilidad patrimonial, al haberse ejecutado órdenes de demolición dictadas fuera de plazo y prescindiendo totalmente del procedimiento establecido.

Lo que el actual Gobierno placentino obvia es que más allá de sus miedos personalísimos en relación a sus cargos, se encuentra por encima de ellos el interés de los vecinos. Los vecinos merecen procedimientos donde se garanticen todos sus derechos y, a día de hoy, y a la vista pormenorizada de muchos de estos expedientes, podemos afirmar que los errores procedimentales son flagrantes y, la mayoría de ellos, merecen una verdadera revisión de oficio por ser nulos de pleno derecho.

Que no tenga miedo el Ayuntamiento de Plasencia, que no tenga miedo a la Fiscalía, porque mientras actúen conforme a la Ley, jamás podrán tener un problema. Lo que no puede hacer el Ayuntamiento es haber tenido en los cajones cientos de expedientes y ahora querer reabrirlos sin ningún tipo de pulcritud administrativa y entrar de lleno contra estas viviendas como un elefante en una cacharrería.

El Ayuntamiento tiene que examinar expediente por expediente.

El actual Ayuntamiento tiene la responsabilidad de examinar expediente por expediente, ver la legalidad de los mismos, observar y corregir todos los defectos formales existentes y, si lo cree conveniente, aperturar de nuevos todos los procedimientos de restauración de la legalidad urbanística  que sean oportunos, pero siempre respetando las normas básicas de los procedimientos administrativos, porque de modo contrario, se puede ver envuelto en un problema mucho mayor si se demuestra que muchas de estas órdenes de demolición son nulas.

El actual Gobierno placentino debe dejar de mirar lo que ocurre en la Fiscalía, y debe ponerse a trabajar en cada uno de los expedientes de demolición que existen en Plasencia, y analizar  los procedimientos, uno a uno. Sólo de esa manera, si tiene que demoler, lo hará con todas las garantías, porque en caso contrario, sólo estaría dejando la vía libre a un aluvión de solicitudes de responsabilidad patrimonial, que acabarían por ser pagadas por todos los placentinos.

Soluciones: el Ayuntamiento tiene en su mano iniciar un procedimiento de regularización en la Sierra de Santa Bárbara.

Por otro lado, y con independencia de los expedientes de restauración de la legalidad urbanística que se encuentran abiertos, el Ayuntamiento tiene la obligación política de buscar soluciones, pero también la ciudadanía tiene obligación de aportarlas, por lo que desde aquí (y como ya hicimos en una reunión mantenida con el Sr. Alcalde) volvemos a ofrecer la posibilidad al Ayuntamiento de Plasencia de que ponga en marcha el mecanismo de regularización que la ley urbanística extremeña prevé en su disposición adicional quinta, ya que entendemos se dan todos los requisitos para que se abra esta vía y se ponga solución a este asunto del que todos salen perjudicados.

Ésta disposición establece claramente que el planeamiento general municipal podrá regularizar la situación de las actuaciones urbanizadoras y edificatorias clandestinas o ilegales ejecutadas en suelo no urbanizable en contradicción o al margen de la legislación urbanística en vigor y que de acuerdo con ésta formen un núcleo de población aislado.

Estamos de acuerdo que no es sencillo, que no se hará de de un día a otro y que, evidentemente, la consecución de este fin no sólo pasa por el Ayuntamiento de Plasencia (que es quien debe proponer esta iniciativa), sino que pasaría por la Junta de Extremadura que es quien finalmente debe aprobarla, pero desde luego, si no se intenta, el problema seguirá estando presente en Plasencia, aun cuando las construcciones hayan sido demolidas, porque los vecinos no se van a quedar de brazos cruzados.

En definitiva, pongamos cordura, calma y sentido común en la Sierra de Santa Bárbara.

Redactor: Equipo de Vélez Dorado.

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