¿En qué consiste la nueva actualización de la Ley del Suelo de Canarias?

¿Cuáles son los principales cambios?

Según el Legislador esta actualización de la norma pretende agilizar los trámites de los planes urbanísticos, fomentar la vivienda pública, «flexibilizar» la construcción en suelo rústico de asentamiento y dotar de mejores herramientas a los ayuntamientos y a los cabildos para proteger el territorio, entre otros.  Estos cambios quedarían establecidos de la siguiente manera:

Incremento de las cuantías de las sanciones por infracciones urbanísticas

La nueva modificación de la Ley del Suelo de Canarias introduce un endurecimiento significativo en las sanciones aplicables a quienes cometan infracciones urbanísticas. Esta reforma busca reforzar el control sobre el uso del territorio y disuadir prácticas ilegales como construcciones sin licencia, usos no autorizados del suelo o la ocupación indebida de espacios protegidos, promoviendo una mayor responsabilidad y cumplimiento de la normativa urbanística vigente.

Construcción más flexible en suelo rústico

Se establecen normas más flexibles para la construcción en suelo rústico de asentamiento, especialmente en los municipios con menos de 10.000 habitantes. Con el objetivo de evitar el despoblamiento rural, se eliminan los criterios estrictos relacionados con el crecimiento poblacional. Además, se permite la centralización de servicios básicos que puedan dar cobertura a varios asentamientos rurales cercanos. También se fomenta el uso de energías renovables y la instalación de sistemas de depuración autónomos en las edificaciones rurales. Por último, se declara que el apoyo al desarrollo de estos municipios es de interés general, lo que facilita el acceso a ayudas y subvenciones. Se permite la construcción de viviendas unifamiliares en asentamientos agrícolas, siempre que estén vinculadas a una actividad agraria real. Asimismo, se aclaran los usos permitidos en suelo rústico, estableciendo una distinción entre actividades principales y complementarias. También se autoriza el desarrollo de actividades turísticas en asentamientos rurales, siempre bajo una regulación específica. Además, se refuerza el principio de que todo lo que no está expresamente prohibido está autorizado, lo que aporta mayor seguridad jurídica y flexibilidad al sector primario.

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Fomento de la vivienda pública

Se amplía el porcentaje de suelo que debe destinarse a vivienda pública. En los suelos urbanizables, el mínimo obligatorio pasa del 30% al 40%, mientras que en los suelos urbanos consolidados aumenta del 10% al 20%. Además, se eleva del 10% al 15% la cesión obligatoria de suelo urbanizable ya ordenado, con el objetivo de reforzar el patrimonio público y facilitar la promoción de viviendas protegidas.

Simplificación de tramites urbanísticos

Se reducen los procesos administrativos necesarios para la aprobación de los instrumentos de ordenación del territorio, suprimiendo la fase inicial de “Avance” en los Planes Generales de Ordenación (PGO), lo que agiliza el procedimiento. También se acortan los periodos de exposición pública y, además, se simplifican los trámites para otros instrumentos como proyectos de interés autonómico e insular, programas de mejora urbana y ordenanzas municipales e insulares.

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