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orden de demolición

Cabo de Gata. Paraje donde se encuentra el Algarrobico.

21.09.2016 | La Junta de Andalucía ofrece a los propietarios del hotel El Algarrobico 2,3 millones de euros, para que transfieran la parcela y la construcción a la Administración. Tras las últimas sentencias del tribunal supremo, el Gobierno andaluz y central han acordado la mejor vía para demoler la obra.

 

En caso de que la empresa accediera a entregar los suelos y la construcción, el Gobierno Central se haría cargo de la demolición y la Junta del desbroce y la reparación de la zona afectada, según consta en un documento aprobado por ambos. El coste de la demolición y la consiguiente restauración sería de 7,1 millones de euros conforme a un informe requerido por el Ministerio de Medio Ambiente en 2012. La notificación a Azata, empresa que construyó el hotel, para que se presente en la delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se llevará a cabo próximamente cuando finalice el informe de utilidad pública necesario para que sea efectivo el retracto de 2006,  según informan fuentes de la Junta de Andalucía.

La aceptación del retracto por parte de la empresa sería sin duda el mejor de los casos, sin embargo, el documento aprobado por los dos Gobiernos, contempla la opción de una negativa por parte de Azata, puesto que ya rechazó hace varios meses aceptar dicho retracto. Para esa segunda posibilidad, el documento establece que se llevará nuevamente por vía judicial, presentando ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, un incidente de ejecución, manifestando la pretensión de ejecutar el retracto y requiriendo la ejecución del mismo.

Las preocupaciones de ambos Gobiernos son dos; por un lado, el TSJA podría decretar que no es competencia suya, debiendo la Junta acudir a la vía civil. Y por otro lado, no está clara la trascendencia del retracto, es decir, si la Junta sería propietaria solo del suelo, o de lo construido también. Dependiendo de lo que determine el TSJA se llevaría a cabo la demolición o se iniciaría un nuevo proceso judicial, que podría alargarse durante años.

 Fuente: “El País”

Redactor: Equipo de prensa de Vélez Dorado.

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