911 01 37 11 info@velezdorado.com

Orden de demoliciónSi ha recibido una orden de demolición y tiene dudas de si recurrirla o no, siga leyendo.

 

Una Orden de Demolición, más allá de ser, como su propio nombre indica, una orden de demoler una obra, es algo más: es un acto administrativo y esto quiere decir que tiene sus plazos para ser recurrida, y su momento procesal para ser discutida: si no se recurre en plazo, aunque el administrado pueda “tener razón” en sus motivos, éstos no servirán de nada. La orden de demolición quedará firme por los siglos de los siglos, Amén.

Como ya hemos explicado en más de una ocasión, un procedimiento de restauración de la legalidad urbanística se inicia con un requerimiento de legalización o con una audiencia previa a orden de demolición y si no se obtiene la legalización de la obra, el procedimiento finaliza con una orden de demolición. Bien, esa orden de demolición puede ser recurrida bien en vía administrativa mediante el recurso potestativo o bien, mediante un recurso contencioso administrativo. Y es en esos dos momentos cuando hay que argumentar y probar que esa orden de demolición es nula, anulable o lo que proceda, fuera de esos plazos se habrá pasado el plazo y ya no se podrá discutir sobre si es, o no, procedente esa orden de demolición.

Esta publicación tiene su sentido en la experiencia de este Despacho y en la práctica bastante habitual de muchos propietarios que reciben una orden de demolición y que, por los motivos que sea (creen que nunca se demuele, les parece un lío, o quién sabe qué) no recurren éstas órdenes de demolición. Ahora bien, el agobio llega cuando, meses después, reciben la siguiente “carta” del Ayuntamiento: una multa coercitiva por no ejecutar la orden de demolición de manera voluntaria y, lo más inquietante: una orden de ejecución subsidiaria de orden de demolición en la que le cifran el coste de la demolición en varios miles, o decenas de miles de euros (dependiendo de la obra). En ese momento, muchos sí deciden acudir al abogado y preguntar que qué se puede hacer. Nuestra respuesta es siempre la misma: “mire usted, no le vamos a engañar, usted ha llegado al Despacho con un caso en estado de metástasis, vamos a ponerle al asunto un poco de morfina y todo nuestro empeño y nuestra experiencia a su servicio, pero si es creyente, rece”. Y la perplejidad reina en la sala de reuniones, porque si bien, “siempre se puede hacer algo”, y no en pocas ocasiones, aún así, hemos anulado la orden de demolición mediante mecanismos como los recursos extraordinarios de revisión o, la posibilidad de legalización posterior, la realidad es que todo hubiera sido mucho más sencillo si se hubiese recurrido la orden de demolición en su momento.

Un ejemplo práctico:

 

Por poner un claro caso de pérdida de la oportunidad de anular una orden de demolición mencionaremos un caso que nos llegó al despacho hace unos meses. Una pareja realiza una ampliación de su ático en el año 2005 en Madrid. Hace un año, y por problemas con un vecino, éste denunció la falta de licencia para la ampliación de ese ático. La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento les apertura procedimiento y lo finaliza dictando una orden de demolición. Por las razones que fueran, esta pareja no recurre la orden de demolición, quitándole importancia al asunto. Posteriormente, les notifica el Ayuntamiento la llamada Ejecución Subsidiaria de Orden de Demolición en la que le comunican que van a proceder a demoler la ampliación ya que estos no han cumplido con la orden de demolición. Además, le solicitan los costes de esta demolición y les cifran el coste en 50.000 €. En ese momento nos llega el asunto al despacho. Pues bien, lo primero que le decimos es que han perdido la oportunidad perfecta para demostrar que sus obras estaban prescritas cuando recibieron el inicio del expediente, porque las obras en Madrid prescriben a los 4 años (cosa que desconocían). Les decimos también que ésto sólo se pudo acreditar a lo largo del procedimiento y, en todo caso, y como última opción, cuando se dictó la orden de demolición. Les informamos también que actualmente, y al no haber recurrido, ésa orden de demolición ésta es definitiva y firme, y que, ahora, ya no vamos a poder discutir sobre si las obras habían prescrito o no. La cara de asombro por nuestra sinceridad incluso nos asustó.

 

Por supuesto les decimos que recurriremos esa ejecución subsidiaria, por supuesto les diremos que pediremos trescientas revisiones de oficio y, por supuesto, les decimos que desplegaremos todas las herramientas jurídicas existentes para anular esa orden de demolición y, lo más importante, para que en muchos, muchos años, nunca demuelan en su vivienda  pero que, las probabilidades de éxito son muchos menores que si hubieran recurrido la orden de demolición en su momento y que, por supuesto, el coste económico será mayor porque nuestra carga de trabajo también será mayor (los abogados también comemos). En definitiva, el cliente se da cuenta de que ha perdido una oportunidad maravillosa de arreglar su asunto (“por dejarlo pasar”) y, a nosotros, sinceramente, nos produce una gran frustración ver como un caso que “estaba ganado” pasa a ser “un camino de espinas” largo y arduo donde muchos de nuestros clientes nos verán echar canas o tener nietos.

No queremos transmitir alarmismo ante una orden de demolición, queremos transmitir confianza al ciudadano para levantar el teléfono y llamar a un experto; en definitiva lo que queremos transmitir es que al primer síntoma, infórmese y no deje pasar el asunto, porque puede que su caso esté ganado, no lo sepa, y cuando se entere, ya sea demasiado tarde. Que luego no desea recurrir, pues no recurra, pero al menos, que sea una decisión sopesada y meditada.

Redactor: Equipo de Vélez Dorado. Área de Urbanismo.

Otras publicaciones relacionadas: